Agentes del Grupo de Medio Ambiente de la UPA de Santiago de Compostela localizaron en el ayuntamiento coruñés de Carballo una parcela y una nave industrial con un elevado número de vehículos fuera de uso en su interior que se suman a las tres parcelas con más de un millar de vehículos fuera de uso.
La UPA, en colaboración con el Servicio de Intervención Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, llevó a cabo a inspección de las instalaciones. Los agentes constataron en su investigación que el responsable carecía de todos los permisos, tanto los de industria como los necesarios para dar de baja definitiva los vehículos fuera de uso, y tampoco contaba con licencia municipal de actividad.
Además, lo desguace y el almacenamiento de piezas se realizaban al margen de la normativa. Los agentes comprobaron que ninguno de los vehículos almacenados estaba descontaminado, lo que supone un grave riesgo para el medio ambiente por la falta de control sobre los residuos peligrosos que contienen, como aceites y baterías que requieren de un protocolo específico para su reciclaje. En esta línea, la UPA localizó numerosos derrames de residuos peligrosos en el terreno donde se acumulaban parte de los residuos, que además estaba sin pavimentar.
Por eso, los técnicos del Servicio de Intervención Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda realizaron catas para conocer el alcance de la contaminación en medio natural y determinar se existe un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El suelo de la finca y de la nave donde se realizaba lo desguace y el almacenaje clandestino, tienen #cualificación de suelo rústico de protección de las aguas. La hinca se encontraba cerrada con muros altos y en la parte posterior contaba con vegetación tupida para impedir la visibilidad de la actividad clandestina desde lo exterior.
También se constató que la empresa no daba de baja los vehículos directamente, si no que los almacenaba y desguazaba en este depósito clandestino. Una vez desguazado y retiradas las piezas de valor, el chasis era vendido como chatarra. La instalación ilegal contaba con la colaboración de un depósito legal para poder dar de baja en tráfico los vehículos. El responsable reconoció a los agentes que cuando un vehículo entraba en sus instalaciones procedía a retirarle las piezas para una posterior venta tanto de manera presencial cómo a través de internet.
La UPA denunció los hechos, que según el artículo 84 de la Ley 6/2021 de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia, recoge sanciones de hasta un máximo de 1,75 millones de euros, inhabilitación para el ejercicio de la actividad y clausura definitiva de las instalaciones. Además, doy cuenta de los hechos a la Dirección General de Tráfico por tratarse la empresa de un centro autorizado de tratamiento de vehículos.